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Este capítulo proporciona una visión general del desarrollo de nuestro sistema legal actual, la responsabilidad de las organizaciones y sus funcionarios, frente al cumplimiento de la ley y la norma, la cual genera las condiciones necesarias para minimizar el riesgo, las pérdidas de activos y las afectaciones a la salud física de las personas, también la exposición a diversas sanciones determinadas por la norma. Hay tres tipos de normas que intervienen en los aspectos de seguridad: el derecho consuetudinario, la jurisprudencia y los estatutos de las organizaciones. 

Los responsables del cumplimiento de los aspectos de seguridad pueden participar en la aplicación de las leyes o colaborando con la adecuada administración de la justicia. tanto en procesos penales como administrativos.

Las leyes penales se establecen para garantizar la protección de las personas y se aprueban para salvaguardar la paz, la convivencia y el orden en la sociedad.

Las organizaciones en general también están reguladas por una serie de otras reglas, como las leyes laborales, que pueden crear responsabilidad si no se siguen adecuadamente lo estipulado. La negligencia como un factor de responsabilidad es procesada bajo las leyes y normas, y puede resultar en sanciones para las organizaciones y sus miembros, por la falta de cumplimiento a los deberes de seguridad y salud en el trabajo.

Durante la atención y respuesta a los incidentes que afectan la seguridad, los funcionarios o empleados responsables de la protección y seguridad pueden incautar los elementos que sean evidencia o pruebas de un proceso, como también recopilar datos y elaborar informes para presentarlos ante las autoridades competentes que adelantan los respectivos procesos a que hallan lugar.

Las evidencias halladas pueden ser documentales,  testimoniales o elementos materiales, y deben ser protegidas desde el momento en que se obtienen, (cadena de custodia).

Un aspecto complejo se presenta en este campo debido al aumento del número de leyes, reglamentos y normas que se crean para regular las distintas actividades comerciales, industriales, o de servicios públicos y privados, por ellos se requiere que los funcionarios responsables de los procesos de seguridad y protección reciban una adecuada capacitación, actualización e investiguen constantemente para mantenerse al tanto de los requisitos legales para llevar a cabo el trabajo de seguridad y protección.